La Sala Constitucional Primera de La Paz dejó este miércoles sin efecto la Resolución Ministerial 0050/2020 que determina la clausura del año escolar, a decisión del Gobierno, por considerar que se vulnera un derecho de los niños y jóvenes.
El Gobierno tiene un plazo de diez días para presentar una política integral para garantizar el derecho a la educación.
Tras la audiencia, la defensora del pueblo, Nadia Cruz, señaló que “lo que el tribunal ha dicho es que desde el día de hoy queda sin efecto la clausura el año escolar, porque ese acto administrativo de clausura del año escolar, que no ha sido ni por decreto ni por una ley, estaría lesionando y limitando el derecho a la educación de los estudiantes”.
La Defensora destacó el fallo judicial es histórico y de vanguardia en derechos humanos, reporta Erbol.
Según explicó Cruz, la Sala Constitucional determinó que el Gobierno violó el derecho a la educación de los estudiantes con la clausura del año escolar.
Asimismo, consideró que la limitación de un derecho no se puede hacer por resolución, sino por una norma más alta como una ley.
Señaló que el tribunal otorgó diez días al Gobierno para que convoque a los actores del proceso educativo, como magisterio, padres y estudiantes, para generar una política pública que garantice el derecho a la educación.
Aclaró que la intención de los accionantes no es volver a la educación presencial, debido a la pandemia, sino se busca establecer una política educativa acorde a la realidad.
Cruz recordó que hace meses el Ministerio de Educación ya habló de implementar educación a distancia, como en tv y radio, y que ahora se le pide que concrete esas iniciativas.
Ayer, martes, el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz admitió la acción popular presentada por la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, en contra del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, por la clausura del año escolar, el pasado 2 de agosto.
El Gobierno argumentó que no todos los estudiantes cuentan con las herramientas tecnológicas suficientes ni con la cobertura de internet para acceder a clases online, pero también se descartó el retorno a las aulas por el temor a más contagios de coronavirus.
Esta decisión gubernamental fue criticada desde varios sectores en Bolivia y observada desde organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes agencias como Unicef que señaló a la educación como un derecho de niños y jóvenes.
