Defensoría del Pueblo, detectó que persiste el desconocimiento de la normativa e incumplimiento del procedimiento técnico, por parte del personal médico para la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo ILE, tras una verificación realizada a establecimientos de salud en distintos puntos del país.
La verificación defensorial, abarcó a 39 centros de salud de segundo y tercer nivel, ubicados en 25 municipios del país, donde se entrevistó a 48 profesionales médicos, de enfermería y emergencias.
Nadia Cruz, Defensora del Pueblo señaló que además se identificó la inexistencia de equipos multidisciplinarios para el abordaje a usuarias víctimas de violencia sexual, incumplimiento al plazo establecido para proceder con este procedimiento, ausencia de medicamentos como Mifepristona (200mg), medicamento utilizado, de acuerdo al protocolo de atención, para el procedimiento de la ILE, e insumos en los establecimientos de salud, y falta de salas de Aspiración Manual Endouterina (AMEU).
La nueva investigación detectó que persiste el desconocimiento de la normativa sobre la ILE en el 29,17% de los servidores públicos abordados, es decir, en 14 de 48, y que éstos no lograron establecer criterios claros ni objetivos respecto a las normas y procedimientos de la ILE.
También se encontró que el 60,42% (29) de los servidores públicos considera que los requisitos para una ILE incluyen la presentación de una orden judicial, realizar una junta médica y/o una valoración del diagnóstico médico, cuando la Sentencia Constitucional Plurinacional 206/2014 establece que sólo se requiere la presentación de la denuncia.
La verificación defensorial también mostró que el 23,08% (9 de 39) de los establecimientos de salud visitados contaba con equipos multidisciplinarios, a diferencia del restante 76,92% (30), que no tenía personal de Trabajo Social y/o Psicología, debido a que no se habían atendido sus requerimientos para la contratación de este personal.
“Incumplir con los requerimientos de personal, implica un incumplimiento de parte de las autoridades de los niveles departamental y municipal de garantizar recursos humanos suficientes. Y el desconocimiento de los requisitos establecidos por norma podría poner en riesgo no sólo la salud sino la vida y la integridad física y psicológica de las usuarias”, alertó la Defensora del Pueblo.
Cruz indicó que en todos los establecimientos de salud urge abordar las capacitaciones respecto a la normativa, la objeción de conciencia, la difusión del Procedimiento Técnico para ILE por especialidad, gestionar la mejora de la infraestructura y equipamiento, y trabajar en la concienciación a servidores en salud para la promoción, prevención y aplicación de la ILE.
