Autoridad lamentó que se hayan distorsionado sus palabras respecto a la aplicación voluntaria de la vacuna contra el coronavirus.
Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, informó que la no aplicación de la vacuna contra la covid-19 tendría cárcel. Silva explicó que el Decreto Supremo 4640, promulgado el pasado jueves, respeta el carácter voluntario de aplicación de la vacuna, ya que en caso de no contar con el documento se solicitará la prueba PCR como parte de las medidas de contingencia y control de la pandemia.
“Por un tema de proteger la salud de la población, se ha establecido que, para ingresar a ciertos establecimientos, puedan portar su carnet de vacuna o su prueba PCR (…), quienes no tengan su carnet de vacunación deberán mostrar su prueba PCR o no podrán entrar a ciertos lugares”, indicó el viceministro Silva.
El malentendido y descontextualización de las palabras de la autoridad surgió luego de ser entrevistado el domingo en Bolivia TV, donde indicó de manera general que de acuerdo con el artículo 216 del Código Penal de 1972, los delitos contra la salud pública pueden ser sancionados con uno a 10 años de privación de libertad.
Silva reiteró que la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Viceministro no señaló en ningún momento, de manera textual, que la no aplicación de la vacuna COVID-19 signifique 10 años de cárcel como titularon algunos medios de comunicación.
“Apelamos a la actitud responsable de la ciudadanía para continuar con todas las medidas de prevención y contener el avance de la pandemia”, aclaró la autoridad.
