Son imputados por el presunto delito de instigación pública a delinquir con respecto a la convocatoria al paro cívico en noviembre en rechazo a la Ley 1386, Ley 342 y todo un paquete de proyectos de ley y normativas.
Ministerio Público formalizó la imputación en contra Oscar Montes Barzón, gobernador del departamento; Johnny Torres Terzo, alcalde de Cercado; Adrián Ávila Reese, presidente del Comité Cívico y Gabriel Pérez, ejecutivo del autotransporte.
La acusación es por el presunto delito de instigación pública a delinquir con respecto a la convocatoria al paro cívico en noviembre en rechazo a la Ley 1386, Ley 342 y todo un paquete de proyectos de ley y normativas ya vigentes relacionadas a la lucha contra las ganancias ilícitas.
La denuncia fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre, tres días después de iniciada la medida de presión contra el gobierno nacional.
“Se presume que los ahora imputados tenían la intención de dividir la unidad del Estado, colaborando a la incitación a la violencia a que la población se enfrente porque se dijo públicamente por parte de las autoridades en ejercicio de sus cargos”, se expresa en el documento de imputación emitido por la fiscal de materia anticorrupción, Adriana Flores.
