Luciana Campero, Diputada por Comunidad Ciudadana (CC), denunció presuntas irregularidades en la adquisición de equipos de filmación y contratación de consultores por parte de la Defensoría del Pueblo. Además, indicó que la institución defensora administró 356 millones de bolivianos en 10 años y no existen mejoras en la realidad de los derechos humanos en Bolivia.
“Hemos evidenciado que dentro de la Defensoría se ha adquirido el 2019, ciertos equipos para producción de material de comunicación, uno de estos equipos una cámara filmadora por un monto de Bs. 41.840. El segundo equipo es una cámara fotográfica por un monto de Bs. 33 mil, ambos equipos son adjudicados a la empresa Dismatel Bolivia por contrato directo”, detalló Campero.
Respecto a la contratación de consultores, la Legisladora explicó que hay una presunta malversación de recursos puesto que en 2019 la Defensoría contrató a productores audiovisuales hasta noviembre de ese año, sin embargo, esos contratos fueron rescindido mucho antes del tiempo acordado, pero pagando el mismo monto. En este contexto, Campero exigió a la Fiscalía General y Contraloría comenzar con una investigación de oficio para aclarar estas irregularidades.
