Este 11 de septiembre, ante el incremento de los incendios en la Chiquitanía, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), exigió al Gobierno asumir medidas para evitar que el fuego llegue a las reservas naturales y se alcancen magnitudes incontrolables como en 2019.
“Exigimos que, de manera urgente, las autoridades llamadas a resguardar las Áreas Protegidas, gobiernos municipales, departamentales y nacionales, tomen medidas para evitar que estos incendios alcancen magnitudes ocurridas en la Chiquitania en 2019. Ya que como siempre son las poblaciones locales civiles que, en condiciones precarias, enfrentamos estos siniestros en nuestros territorios y Áreas Protegidas”, manifiesta el comunicado de esa organización.
Desde el 28 de agosto se registraron los primeros incendios y desde hace un par de días que los bomberos voluntarios no logran sofocar el fuego en la Chiquitania, principalmente en los municipios de Roboré y Concepción. Hasta el momento el fuego arrasó con 854.724 hectáreas.
En el comunicado, la Contiocap señaló que las regiones de la Reserva de Vida Silvestre de Tucabaca, en Roboré y en la Región Amazónica, donde se encuentran las Áreas Protegidas Itenez, Ibare – Mamoré, están siendo afectadas por el fuego.
A la vez, recordaron que estos hechos están amparados por normativas incendiarias entre el empresariado agrícola y el Gobierno nacional. A la vez, cuestionaron que no existan sanciones más graves contra aquellos que incurren en el desmonte de los bosques de forma ilegal, que solo afecta a la flora y fauna de las áreas en reserva y al hábitat de las comunidades indígenas.
“Las sanciones según el art. 6 de la Ley 337, no son proporcionales al desastre que ocasionan que van de 39-235 UFV aplicables a comunidades, pequeña, mediana y grandes empresas, constituyéndose en impulsores indirectos de los desmontes por la impunidad que representan; permitiendo que las áreas protegidas, la biodiversidad, las fuentes de agua, y medios de vida de nuestros pueblos indígenas originarios sigan siendo incinerados cada año”, menciona otra parte de la nota.
Por otra parte, pidieron a los organismos internacionales en defensa de los derechos humanos vigilar estos hechos de crisis ambiental que solo contribuye con la destrucción de los pueblos originarios.