Este 24 de septiembre, instituciones de la sociedad civil que realizaron a Veeduría Ciudadana al proceso de selección de candidatos a la Defensoría del Pueblo afirmaron que la elección “anómala” y autoritaria por la simple mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) de Pedro Callisaya como nuevo Defensor del Pueblo cercenó la credibilidad de la asamblea legislativa.
“Emitimos este pronunciamiento en el marco de una enorme preocupación por la destrucción de la institucionalidad democrática y lamentamos, a la luz de lo acontecido, que valga más el criterio autoritario de una mayoría parlamentaria que cercena la credibilidad de tan importante institución como es la ALP”, señala el comunicado firmado por las 11 organizaciones.
Recordemos que de manera sorpresiva, parlamentarios del MAS cambiaron el orden del día en la 14º Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa para la elección de la nueva autoridad. Además, aprovecharon que 32 legisladores de la oposición solicitaron permiso, la mayor parte fue para asistir a los actos protocolares por el aniversario de Santa Cruz y Pando.
Por otra parte, consideran que fue una “maniobra política” y un atropello la forma en que actuó el MAS al efectuar la elección de Callisaya con un parlamento donde no estaban presentes más de 30 parlamentarios de la oposición
A la vez, la veeduría recordó que desde la primera votación que se realizó en mayo pasado, Callisaya no logró obtener la cantidad de votos suficientes, que debían equivaler a los dos tercios de los presentes. Por tanto, su designación no es producto de un consenso que fue anunciado por el partido oficialista.
Por otra parte, consideran que al tener una institución defensorial con una notoria politización y pérdida de legitimidad y credibilidad, con la que contaba en sus inicios, era menester elegir a una autoridad que pueda cambiar esa visión.
Finalmente, advierten que el MAS puede usar este tipo de procedimientos en la selección y designación de otras altas autoridades, tal es el caso del proceso de selección del Contralor General del Estado que aún está pendiente.