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Justicia sentenció a 27 personas en Santa Cruz y Cochabamba por protestas en defensa de Camacho

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Este 2 de enero, se informó que a través de un procedimientos abreviado, la justicia dictó sentencia de entre dos a tres años de cárcel en contra de 27 personas por las protestas, gasificaciones y enfrentamientos que se registraron en los últimos días en Santa Cruz y Cochabamba, en rechazo al encarcelamiento de Luis Fernando Camacho, ex Gobernador de Santa Cruz.

Enfrentamientos en Santa Cruz causa quema de instalaciones.

De esta manera, el domingo se llevó a cabo la última audiencia donde se condenó a tres años de prisión a 11 personas que supuestamente causaron destrozos al Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz. Roger Mariaca, fiscal departamental de Santa Cruz, aseguró que demostraron la participación de los acusados de forma contundente.

“La Fiscalía colectó todas las pruebas necesarias como declaraciones de testigos, imágenes de cámaras de seguridad, muestrario fotográfico, tanto de los vehículos quemados como del lugar de los hechos, entre otros, además las 11 personas admitieron su culpa y se acogieron a un procedimiento abreviado, por lo que fueron sentenciados a tres años de cárcel”, declaró Mariaca.

Por su parte, Fernando Vaca, abogado de los sindicados, refutó esas declaraciones y aclaró que someterse a un procedimiento abreviado no significa que sus clientes hayan ocasionado esos destrozos.

“Que se hayan sometido a un procedimiento abreviado no se los sindica como culpables del hecho, simplemente es que la fiscalía andaba buscando un culpable y la gente su libertad. Además, es muy difícil estar detenido y por esa situación ellos se inculpan por un delito que no cometieron”, manifestó Vaca.

De acuerdo a la fiscalía, estos lanzaron piedras, escombros y petardos provocando destrozos en la infraestructura. Además, atacaron al personal policial y no permitieron el tránsito de patrullas ni carros bomberos, perjudicando la labor de esa institución.

En ambos casos, el Ministerio Público los acusó por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, incendio e impedir o estorbar el ejercicio de funciones.

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