Este 11 de enero, la Defensoría del Pueblo, censuró las agresiones y acciones violentas que sufrieron siete trabajadores de la prensa, tras que realizaban la cobertura de las movilizaciones en la ciudad de La Paz en defensa de la democracia y a favor de la libertad de presos políticos.
A través de un comunicado, la Defensoría demanda que: “El Estado ejerza su obligación de investigar de oficio, identificar y sancionar a los responsables de estos hechos que atentan contra la libertad de información”.
Asimismo, la entidad defensorial, rechazó todo tipo de amenazas a los trabajadores de la prensa que pongan en riesgo su integridad emocional y física que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generarían un efecto amedrentador, de silenciamiento y autocensura de comunicadores y comunicadoras.
Por otro lado, la Defensoría reprochó el actuar de los movilizados que afectaron la integridad de una persona adulta mayor, cuando ejercía su derecho a la protesta en la zona Sur de la urbe paceña.
Recordó que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Política del Estado, pero el ejercicio de este derecho no debe afectar los derechos de terceros y debe ejercerse con respeto al ser humano.
