Este pasado 1 de marzo, la Organización de Naciones Unidas (ONU), concedió al Gobierno de Perú, un plazo de 60 días para que entregue informes sobre la respuesta policial a las protestas antigubernamentales que se registran en el país andino desde principios de diciembre y en la que han muerto alrededor de 60 manifestantes.
Mediante un comunicado, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoce haber recibido información sobre el “uso excesivo de la fuerza provocando un elevado número de muertes ilícitas”, así como decenas de heridos.
Asimismo, el organismo de Naciones Unidas ha alertado de la presunta “utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo” en contra de los manifestantes y disidentes, “detenciones supuestamente arbitrarias”, casos de “estigmatización y violación al debido proceso”, e incluso un caso de desaparición forzada.
Bajo la misma línea, se ha puesto la lupa sobre el allanamiento de la Universidad de San Marcos, además de intervenciones y detenciones sin presencia de fiscales o abogados.
En base a estas informaciones, el organismo ha solicitado al Gobierno de Dina Boluarte una respuesta en un plazo inferior a dos meses, instando a las autoridades “a que adopte todas las medidas necesarias” para proteger los derechos y las libertades de la población.
Finalmente, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha exigido al Ejecutivo andino “investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”.
