Fitch Ratings, calificadora internacional, presentó un informe lapidario de la economía boliviana.
Primero, disminuyó las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera y moneda local de Bolivia de “B” a “B-”, debido al supuesto agotamiento de sus reservas de liquidez externa.
Segundo, pasó la perspectiva de la calificación de Estable a Negativa, argumentando que ha aumentado la incertidumbre a corto plazo y los riesgos macroeconómicos.
Tercero, el informe dio cuenta de que Bolivia “recientemente” obtuvo 300 millones de dólares de los Derechos Especiales de Giro (DEG), unidad de cuenta que utiliza el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Cuarto, Fitch estima que la cuenta corriente volvió a un déficit del 0,6% del PIB en 2022 desde un superávit del 2,1% en 2021 y proyecta un mayor deterioro en 2023, puesto que la posición externa de Bolivia se ha deteriorado drásticamente en la última década como resultado de las políticas expansivas y la caída de la producción nacional de los hidrocarburos.
Quinto, último punto, agrega que la que las tensiones entre la administración de Arce y Santa Cruz provocaron trastornos económicos. Fitch Ratings estima que la deuda del Gobierno general se estabilizó en el 66% del PIB en 2022 y la deuda total del NFPS (incluidas las empresas estatales) en el 80%.
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