Este 17 de marzo, el Tribunal Penal Internacional (TPI), emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin, Presidente de Rusia, bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.
De esta manera, el TPI también emitió una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaría presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova.
Sin embargo, el Kremlin desmintió constantemente que esté deportando a niños ucranianos por la fuerza frente a las acusaciones vertidas por Kiev y sus aliados.
Según el Gobierno ucraniano al menos 16.000 niños han acabado desplazados contra su voluntad a territorio ruso desde el comienzo del conflicto mientras que un reciente estudio presentado en febrero por la Universidad de Yale denunciaba al menos 6.000 niños ucranianos repartidos en 40 internados rusos.
Aclarando la situación, el TPI si se encuentra capacitado para imputar a Putin, dado que no reconoce la inmunidad para los jefes de Estado en casos de crímenes de guerra, crimen contra la Humanidad o genocidio.
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