Proyecto de ley de modificación del Sistema de Pensiones 395 pretende que los bolivianos mayores de 65 años, a través del Ministerio de Trabajo, sean evaluados física y mentalmente si quieren continuar su vida laboral; sin embargo, esa disposición no aplica a los políticos.
El proyecto enviado por el gobierno de Luis Arce a la Asamblea Legislativa, pretende favorecer el incremento de las pensiones de jubilación mínimas y máximas en Bs 1.000.
La disposición adicional única señala que los trabajadores deben jubilarse a los 65 años y que un examen a cargo del propio Gobierno definirá si pueden seguir su vida laboral. Sin embargo, plantea eximir a las autoridades electas y destinadas de esas evaluaciones y favorecerlos para que sigan perteneciendo en la masa laboral del aparato estatal.
Por su parte, Hernán Clavel, abogado laboralista, calificó de inconstitucional que el Gobierno pretenda decidir si un ciudadano debe tener derecho al trabajo o no a partir de los 65 años. Al contrario, anticipó que esa propuesta generará protestas.
Asimismo, Alina Canaviri, diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguró que no se puede privar el derecho al trabajo a nadie y analizarán la norma junto a otros legisladores.
“El derecho al trabajo no se lo corta a nadie, entonces viendo eso, no tenemos un consenso, seguramente vamos a estudiarlo y seguramente va a ver algunas posiciones de algunos diputados, pero el trabajo a las personas no se lo corta nadie”, mencionó.
