La compra de barcos prisiones para ubicar a los líderes de las bandas que operan en los centros penitenciarios del país a 80 millas de la costa en el Pacífico fue una promesa de campaña del presidente Daniel Noboa, que ha dicho que ya ha visto tres barcazas que podrían llegar a Ecuador dentro de siete u ocho meses.
Aunque esta fue la medida de seguridad más anunciada durante su campaña, ahora reconoce que no es la solución a la grave situación que atraviesa el país. Son una medida complementaria y provisional para segmentar y para sacar a los presos que son amenazas reales a la seguridad ciudadana y del país y mantenerlos aislados hasta que se terminen de construir las cárceles de máxima y super máxima seguridad.
A dos meses de la llegada de Noboa al poder, con unos niveles históricos de inseguridad que alcanzan los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, la política de seguridad y penitenciaria, a la que ha llamado Plan Fénix, se ha conocido a cuentagotas, a través de las pocas entrevistas que el mandatario ecuatoriano ha dado a algunos medios de comunicación.
Que el Estado tome el control de las cárceles, donde hay 31.300 personas presas, es parte de las estrategias de seguridad que los últimos tres gobiernos han prometido sin éxito. Hasta ahora no se ha podido romper el nexo directo que hay entre las cárceles y la violencia que cada día se recrudece en las calles. Desde ahí los cabecillas de las bandas criminales dirigen y ordenan sicariatos, atentados, extorsiones y mueven la logística para el tráfico de drogas, bajo la protección del Estado.
