La empresa considera que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia es arbitraria, injusta e ilegal y que además menoscaba la confianza de inversiones extranjeras en Bolivia.
La Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) advirtió que la determinación del Tribunal Supremo de Justicia, que le impone la obligación de pagar, a favor de FANCESA, una indemnización de más de 744 millones de bolivianos, incide de forma directa en la desestabilización económica de la empresa, y afecta, de manera indirecta, a más de 200.000 familias en todo el país que dependen del normal funcionamiento de la compañía cementera.
La referida indemnización se basa en un proceso que SOBOCE considera ilegal e irregular, ya que aplica la figura del “daño al proyecto de vida”, un concepto jurídico reservado para resarcir a víctimas de delitos de lesa humanidad, como el genocidio. Dicho concepto se aplica exclusivamente a personas naturales, no a empresas privadas.
“Esta decisión refleja una preocupante parcialidad del máximo órgano judicial del país y envía una alarmante señal de complicidad con la consigna de aniquilar a SOBOCE, a través del quebranto de su patrimonio”, señaló Ximena Riveros, Gerente Nacional Legal de SOBOCE.
De acuerdo a SOBOCE, durante el período en que se los acusa de haber ejercido una supuesta competencia desleal, FANCESA registró sus mayores utilidades. La empresa cementera recalcó que no es culpable del fracaso de FANCESA.
Entre los afectados por esta injusta determinación sin precedentes se encuentran mineros de piedra caliza y otros proveedores de materia prima para la fabricación de cemento, transportistas, distribuidores, proveedores de servicios, concesionarios y, por supuesto, los trabajadores de las tres fábricas de SOBOCE en Viacha, Warnes y El Puente.
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