Las autoridades reiteran que no puede haber impunidad en casos considerados crímenes de lesa humanidad por organismos internacionales.
Gobierno nacional informó que presentó apelaciones contra las decisiones judiciales que beneficiaron a los exdirigentes cívicos Marco Pumari y Luis Fernando Camacho en el caso Golpe de Estado I. Asimismo, Jessica Saravia, Ministra de Justicia, calificó estas resoluciones como “preocupantes” y reafirmó que aún existe una deuda pendiente con las víctimas de los hechos de 2019.
Saravia recordó que los fallos del Tribunal Sexto de La Paz y del Tribunal Cuarto de El Alto –que otorgaron libertad a Pumari, detención domiciliaria a Camacho y ordenaron juicio de responsabilidades para Áñez– no significan impunidad, pero deben ser revisados con objetividad.
La Ministra subrayó que el informe del GIEI documentó violaciones graves a los derechos humanos durante la crisis poselectoral.
También la autoridad insistió en que el proceso no ha concluido y que los órganos del Estado tienen la responsabilidad de garantizar justicia, particularmente en casos de derechos humanos, advirtiendo que las víctimas y sus familias aún esperan respuestas claras y justas.
