Quedan excluidos quienes tengan condenas por delitos inindultables según la Constitución y el Código Penal.
Con más de dos tercios de votos, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la resolución que avala el Decreto Presidencial 5460, que otorga un indulto a personas privadas de libertad con sentencias ejecutoriadas y penas menores o iguales a diez, doce o quince años, según cumplan ciertos requisitos.
La medida busca disminuir el hacinamiento en los centros penitenciarios, donde más del 67% de los detenidos se encuentran en detención preventiva. La normativa ha generado debate entre legisladores, con cuestionamientos sobre su alcance y la inclusión o exclusión de ciertos delitos.
El decreto excluye del beneficio a personas condenadas por delitos graves como genocidio, terrorismo, feminicidio, trata de personas, tráfico ilícito de armas, delitos financieros, violencia contra las mujeres, y otros. También quedan fuera quienes hayan sido beneficiados con indulto o amnistía en los últimos cinco años o sean reincidentes.
Asimismo, Betty Yañíquez, Diputada del MAS defendió la medida, destacando las malas condiciones de las cárceles y la alta proporción de detenidos en situación preventiva, mientras que algunos legisladores opositores expresaron preocupación por posibles beneficios a condenados por tráfico de drogas. La resolución busca aliviar la crisis carcelaria y mejorar las condiciones de los centros de reclusión en Bolivia.
