El Ejecutivo defiende la constitucionalidad de la norma, pero admite revisar puntos específicos ante las críticas.
La Asamblea Legislativa retoma sesiones con el Decreto Supremo 5503 en el centro del debate. La norma, que elimina la subvención a los carburantes y plantea cambios al modelo económico, es cuestionada por las alianzas Libre y Unidad, que advierten vulneraciones a la Constitución y recorte de atribuciones del Legislativo. El Gobierno niega cualquier inconstitucionalidad y descarta su abrogación, aunque no descarta ajustes.
Las críticas se enfocan en los artículos 8 al 13, que habilitan inversiones estratégicas mediante contratos aprobados por decreto supremo y una ventanilla única con plazos de hasta 30 días, sin participación de la Asamblea. Legisladores alertan que este mecanismo podría vulnerar la consulta previa, la licencia ambiental y la facultad legislativa de aprobar contratos sobre recursos naturales.
También se observa el artículo 110, que prohíbe créditos del Banco Central a empresas públicas, en contradicción con el Presupuesto General del Estado vigente. Las bancadas opositoras sostienen que, por jerarquía normativa, la ley prevalece sobre el decreto y exigen correcciones puntuales para garantizar el rol constitucional de la Asamblea Legislativa.
