La Defensoría del Pueblo condena la instigación a actos delictivos y exige respeto a la normativa municipal vigente.
Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por amenazas e instigación a cometer actos de violencia contra la alcaldesa interina de Potosí, Lesly Flores, luego de que un grupo de transportistas bloqueara el edificio municipal en protesta por la Ley N.º 545, que establece la tarifa de Bs 2,50 para personas mayores en el transporte público.
La institución informó que identificó publicaciones en redes sociales que promovían violencia física, sexual y simbólica contra la autoridad y otras personas presentes en el edificio.
El organismo defensorial advirtió que estas acciones constituyen violencia política y de género, vulnerando derechos humanos, la dignidad y la integridad de las mujeres en funciones públicas. Recordó que el Código Penal sanciona la violencia política con penas de tres a ocho años de prisión y los delitos de violencia sexual con 15 a 20 años, incluyendo a quienes instigan o promueven estos actos.
La Defensoría instó al Ministerio Público y la Policía Boliviana a garantizar la protección de la alcaldesa y a iniciar las investigaciones correspondientes. Además, reiteró que los conflictos sociales deben resolverse mediante diálogo democrático y respeto a la Constitución, rechazando cualquier forma de violencia o intimidación, especialmente contra mujeres en funciones públicas.
