La Fiscalía plantea sanciones y resarcimiento económico por la paralización de actividades petroleras en 2024.
El Ministerio Público reunió al menos 83 elementos probatorios —65 documentales y 18 testificales— para llevar a juicio a 12 comunarios que en 2024 impidieron el ingreso de Petrobras a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el departamento de Tarija. El proceso penal también busca un resarcimiento económico a favor de la petrolera por los presuntos daños ocasionados al impedir el desarrollo de sus actividades.
El abogado Marco Antonio Cardozo, miembro del Comité de Defensa de Tariquía, cuestionó el proceso y denunció “aspectos muy oscuros” en la acusación, señalando que los comunarios actuaron en defensa del medio ambiente. Además, recordó que el ingreso de Petrobras fue autorizado por una persona ajena a la zona, hecho reconocido por el INRA, pese a lo cual la empresa continuó con los trámites de licencia ambiental.
En paralelo, el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos dispuso el 16 de enero la suspensión temporal por 30 días de las actividades del Pozo Domo Oso X-3, tras admitir una solicitud de medidas cautelares ambientales presentada por la Defensoría del Pueblo. La decisión busca evaluar la legalidad de la licencia ambiental y la necesidad de una nueva consulta pública antes de reanudar las operaciones.
