Las medidas buscan garantizar que los procesos judiciales se desarrollen dentro de los tiempos establecidos por la ley.
Este lunes 25 de agosto, Carlos Spencer, representante del Consejo de la Magistratura anunció el inicio de fiscalizaciones y auditorías en juzgados para asegurar el debido proceso y evitar que se excedan los plazos legales de detención preventiva. Estas medidas buscan garantizar que la justicia se administre con celeridad y transparencia, asegurando el respeto a los derechos de los privados de libertad.
Entre las acciones previstas están la instrucción a jueces para cumplir estrictamente con la normativa vigente, auditorías en juzgados con retrasos injustificados y la elaboración de un censo técnico nacional de personas en prisión preventiva por más de tres años.
Además, el Consejo realizará una audiencia pública para coordinar estas medidas con autoridades judiciales y penitenciarias.
Estas iniciativas responden a recientes protestas en centros penitenciarios, motivadas por denuncias de discriminación y reclamos para la revisión general de detenciones preventivas. En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia emitió el Instructivo N° 19/2025, que ordena jornadas nacionales de verificación de plazos en todas las cárceles del país, tras la polémica revisión de casos de alto perfil.