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Autoridades y personal de Tribunal Supremo Electoral (TSE) promueven, en Santa Cruz, los derechos de las mujeres en la agenda legislativa, y la lucha contra el acoso y la violencia política, en el marco de un ciclo de diálogos que se realizaron en los nueve departamentos.
Este jueves 12 de agosto se llevó a cabo un encuentro en el Hotel Cortez, de la capital cruceña, donde participaron los vocales nacionales María Angélica Ruiz, Rosario Baptista, Francisco Vargas y Daniel Atahuachi, además de autoridades del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz.
El vocal Francisco Vargas destacó la vigencia del Reglamento para la Tramitación de Denuncias y Renuncias por Actos de Acoso y Violencia Política, cuyo objetivo es garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, porque las dimisiones a los cargos electivos deben ser voluntarias y no por presiones.
Vargas señaló que el Órgano Electoral no solo es administrador de procesos electorales, sino también es responsable del fortalecimiento de la democracia intercultural y paritaria.
“El Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales tienen mandatos referidos a garantizar la paridad, la alternancia, la equivalencia de condiciones en las listas; pero también tenemos el mandato de luchar contra el acoso y la violencia política contra las mujeres”, afirmó la autoridad.
Por su lado, el vocal Daniel Atahuachi sostuvo que el acoso y la violencia política es un problema histórico y estructural; pero que en los últimos años se registraron avances importantes en favor de los derechos políticos de las mujeres.
Por su parte, la vocal María Angélica Ruiz manifestó que ahora, además de consolidar el liderazgo femenino y el desarrollo integral de las mujeres en las instituciones y organizaciones políticas, se deben poner en marcha medida eficaces y oportunas, como la “debida diligencia”, para erradicar el acoso y la violencia política.
Durante el encuentro, autoridades y expertos en el área expusieron temáticas referidas a la agenda legislativa de las mujeres; la participación política, paridad y derechos; además de los avances de la Ley 243.
Estos espacios de diálogo buscan construir una agenda de trabajo para mejorar los mecanismos y estrategias institucionales, a fin de garantizar la participación política de las mujeres sin acoso ni violencia política.
Así mismo, se proyecta fortalecer el desarrollo de los procesos democráticos con enfoque de género, en observancia al principio de equivalencia del régimen electoral.