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Tras la información de Medios de Comunicación de un posible traslado de maquinaria pesada con fines de explotación Minera en la Comunidad Azariamas y río Tuichi en el Municipio de Apolo y al interior del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, la Defensoría del Pueblo, considera que esta situación podría generar conflictos y la vulneración de derechos como los suscitados en Comunidades de los municipios Mapiri, Guanay, Teoponte o Apolo.
Frente a ello, piden la intervención estatal a través del Ministerio de Minería y de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y cumplir sus atribuciones y obligaciones establecidas en la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales de derechos humanos y la normativa sobre Madre Tierra, medio ambiente y minería.
También hace un llamado a las autoridades estatales de los distintos niveles de Gobierno a interponer sus buenos oficios para evitar que con la instalación de proyectos mineros al margen de la Ley se generen otros fenómenos como el contrabando, prostitución, trata y tráfico, narcotráfico, entre otros, tanto en territorios indígenas como en áreas protegidas.