Diego García-Sayán, relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Independencia de Magistrados y Abogados, ve condiciones para un gran acuerdo nacional para la reforma de la justicia.
“La situación analizada en la misión apunta a la exigencia de un gran acuerdo nacional por la justicia. Se ve condiciones para apuntar, de manera laboriosa y persistente, a dicho gran acuerdo nacional, como criterio orientador de un proceso sostenido con metas de corto, mediano y largo plazo”, se lee en el informe preliminar que presentó el jurista.
García-Sayán brindó una conferencia de prensa luego de cumplir una semana de agenda en Bolivi, dando a conocer su informe preliminar, el cual contiene nueve observaciones relacionadas con el sistema de justicia.
1) La justicia está lejos de la gente.
2) hay una “seria brecha” en el acceso de las mujeres a la justicia.
3) la ley de deslinde jurisdiccional restringe a la justicia indígena.
4) hay un dramático hacinamiento carcelario.
5) hay pocos jueces y el presupuesto judicial es menor al 1%.
6) la carrera judicial no existe, la mayoría de jueces son transitorios.
7) se carece de una legislación de acceso a la información.
8) las víctimas de 2019 siguen esperando justicia.
9) Hubo serias restricciones y limitaciones en las dos elecciones judiciales pasadas.
En su informe, señala que el punto más observado por distintos sectores en el curso de su visita tiene que ver con los procesos de selección y designación de magistrados. Expresó su preocupación por la baja participación del electorado en las elecciones judiciales, realizadas en 2011 y en 2017, y por la cantidad de nulos y blancos registrados en desmedro de los votos válidos.
José Carlos Gutiérrez, jefe de bancada de Creemos en Diputados, manifestó que García-Sayán evidenció que fue un fracaso elegir a jueces por voto. “Si va a haber un consenso nacional, en estos momentos va a ser boicoteado por el Movimiento Al Socialismo”, agregó.
“Debe haber un acuerdo nacional con enfoque integral, que ya no tiene que pertenecer al partido político, sea opositor u oficialista”, añadió Félix Ajpi, senador del MAS.
García-Sayán, manifestó que en la reunión que sostuvo con diferentes sectores no le evidenciarán hechos que sustenten que en Bolivia existe persecución política de la actual administración gubernamental.
“Se ha hablado de persecución política, yo no he tendido entrevista con ninguna persona que me haya manifestado hechos que sustenten una persecución política”, aseveró el Relator durante su conferencia de prensa.
García-Sayán, tuvo reuniones con el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), con Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, parlamentarios de oposición y juristas independientes, entre otros sectores.
Antes de las juntas, tanto el Conade como Ribera y legisladores opositores adelantaron que le harían conocer los casos de persecución del gobierno de Luis Arce. Ello en referencia a la detención de exautoridades del gobierno transitorio, activistas y exjefes policiales y militares.
El representante de la ONU dijo que puede haber casos de judicialización política, pero que no los llegó a conocer ni fue evidenciado en ninguno de los encuentros que tuvo durante la agenda que cumplió en el país.