Ministerio de Justicia, forma parte del órgano Ejecutivo, no así del Órgano Judicial.
El Decreto Supremo (DS) 4757 posiciona al Ministro de justicia, a la par de jueces, fiscales y del Órgano Judicial, rompiendo con la institucionalidad y la separación de poderes. Expertos enfatizan que la normativa dará lugar a una inquisición judicial, dado que no habrá certeza si la información del “colaborador eficaz” es real, favoreciendo al gobierno. Acciones que vulneran, además, la Convención Americana de Derechos Humanos y las leyes nacionales.
El 13 de julio, Luis Arce Catacora, Presidente de Bolivia, promulgó el Decreto Supremo 4757 como fortalecimiento para la lucha contra la corrupción. La norma establece que dicha autoridad registrará a los llamados “colaboradores eficaces” o delatores en casos de corrupción que son premiados con la extinción del proceso en su contra a cambio de brindar información. El decreto también establece que el “sindicado presentará ante el Ministerio Justicia y Transparencia Institucional su solicitud mediante memorial o nota dirigida hasta antes de dictarse la sentencia”.
Abogados y opositores, manifestaron que el DS 4757 vulnera siete artículos de la Constitución (12, 21, 22, 115, 116, 117 y 119), rompiendo la independencia de poderes y deshonrando el debido proceso. Alertan que la norma pone a Iván Lima (ministro de Justicia y Transparencia Institucional) como parte del sistema judicial, dando paso a una mayor injerencia del Ejecutivo sobre la justicia, con fines políticos.
El jurista Gonzalo Hidalgo enfatizó que la norma permite al ministro de Justicia estar por encima de fiscales y jueces. Rompiendo la institucionalidad, la separación de poderes y una clara intromisión arbitraria, inconstitucional, ilegal e inconvencional que va en contra del orden jurídico nacional e internacional. “Este decreto vulnera el debido proceso, la defensa, la transparencia, el derecho a la inocencia, el principio de publicidad”, manifestó.
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