Este pasado sábado 30 de julio, el Gobierno Nacional, planteó modificar la Ley 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, debido a la diversificación y el uso de redes sociales para captar a las víctimas de trata.
“Tiene 10 años de vigencia, ha servido como instrumento legal válido, tenemos personas condenadas, procesos en curso alrededor de 400 procesos, pero necesitamos actualizar la norma, necesitamos atender con esta norma las nuevas formas de captar víctimas que, con la evolución, la modernidad y la tecnología también han evolucionado”, informó César Siles, Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales.
Tras que este sábado se desarrollara un acto en la Vicepresidencia, recordando el Día Mundial contra la Trata de Personas, el Gobierno presentó la política y estrategia contra este delito, además del tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos 2021-2025, que apunta a cambiar la norma.
Siles, señaló que otro de los desafíos es implementar la especialización de atención del ilícito en la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el órgano judicial, la creación de juzgados que atiendan específicamente casos de esa índole.
“También planteamos la dotación de recursos suficientes acordes a los retos que significa la lucha contra la trata de personas (…) Vamos hacer esfuerzos para asignar mayores recursos a la prevención y sanción”, añadió Siles.
Por su parte, Gabriela Alcón, Viceministra de Comunicación, explicó que el plan estratégico tiene cinco hitos de trabajo: construcción de mensajes para audio y producción de materiales, acciones por el Día Mundial contra la Trata de personas, reforzamiento de mensajes en el día nacional contra la trata y tráfico de personas el 23 de septiembre, acciones comunicacionales en el Día Internacional del Migrante el 18 de diciembre, evaluación del plan anual y sus acciones implementadas.
Por otra parte, Siles manifestó que desde el 2015 hasta el 2021 se registraron un total de 2.631 casos denunciados de trata de personas en todo el país, de los cuales solo en 13 se obtuvo una sentencia.
“Solo tenemos 12 condenas y eso es muy poco para la cantidad de procesos abiertos en Bolivia. La mayor parte de los casos son archivados por falta de investigación o la identificación de los responsables, por eso es importante especializar la policía”, sostuvo la autoridad.
