Autoridades de los diferentes ministerios exigieron un pago para solventar la marcha con personas del trópico.
Personal de los ministerios e instituciones públicas se quejaron de que los obligaron a salir a marchar este jueves. Pese a que no se dispuso ningún tipo de asueto o día libre para el sector público. El ausentismo es generalizado, incluso en el Concejo Municipal al menos 50 funcionarios militantes del partido oficialista no asistieron a sus jornadas laborales.
La movilización fue convocada por el llamado “Pacto de Unidad”, que reúne a los sindicatos y organizaciones de campesinos e indígenas afines al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS). La marcha de hoy se da en contra del supuesto intento de desestabilizar o de asestar un “golpe” al Ejecutivo y elevar la tensión en La Paz.
Pese a que los empleados gubernamentales deberían estar en sus puestos de trabajo en cumplimiento del horario laboral regular, estos son obligados a participar de las marchas. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, y los asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos y Beto Astorga denunciaron ayer que el Gobierno obliga a los funcionarios públicos a un aporte que va desde 80 a 250 bolivianos para traer personas del trópico para apoyar la movilización.
En respuestas a las acusaciones, Gabriela Alcón, viceministra de comunicación justificó la ausencia de los empleados públicos bajo el comentario de que “pidieron el día libre”. Ramiro Villavicencio, ministro de Minería usó el mismo argumento de la vacación, pero evitó responder a la prensa cuando se le consultó por qué los servidores no están en sus puestos de trabajo.
“Estamos gozando de… yo tengo una vacación de dos días”, declaró cuando marchaba por la avenida Montes.
“Sin comentarios”, respondió de forma escueta al ser cuestionado del porqué sus dependientes no están en sus puestos.
