Este 3 de noviembre, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), señaló que el Gobierno tiene la responsabilidad, obligación y el deber de resolver los conflictos y los enfrentamientos que se registran día a día en Santa Cruz desde que inició el paro indefinido como medida de presión para que el empadronamiento nacional se realice 2023.
“Hacemos un llamado urgente a que el Gobierno asuma su responsabilidad y busque soluciones a los conflictos que afligen al Pueblo boliviano restaurando la paz, la convivencia democrática y dando una salida urgente a la petición del pueblo”, manifestó el monseñor Giovani Arana, Secretario General de la CEB.
Desde la madrugada del 22 de octubre, día en el que Comité Interinstitucional dio inicio al paro indefinido en Santa Cruz, se registraron enfrentamientos porque los grupos de choque del Movimiento Al Socialismo (MAS) se presentaron de manera violenta intentando levantar los bloqueos.
Cada día, se registran enfrentamientos entre los que están a favor del paro indefinido y los que están en contra, esta violencia se amplío a diferentes departamentos como en Tarija, Beni, Cochabamba.
Sin embargo en La Paz, plataformas y cívicos fueron agredidos por organizaciones afines al Gobierno cuando realizaban una marcha en apoyo a Santa Cruz.
“Vivimos en un Estado de derecho, por lo tanto, es obligación del Gobierno precautelar los derechos humanos de todos los ciudadanos bolivianos, y también solucionar los problemas sociales, respetando la dignidad de cada boliviano”, indica la nota de prensa de la CEB.
En el comunicado, con el título Somos Bolivianos, los obispos del Consejo Episcopal Permanente se dirigen a las autoridades ante la alarmante escalada de violencia que se genera en el país.
