Este pasado 7 de diciembre, expertos de Naciones Unidas, expresaron su preocupación por el macroproyecto del Tren Maya, 1.500 kilómetros de vías férreas en la península mexicana del Yucatán, por los efectos colaterales que puede tener para el medio ambiente, para los pueblos indígenas y para el aprovechamiento de los recursos naturales.
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, es uno de los principales defensores de este proyecto, pero los expertos consideran que el Gobierno debe adoptar “medidas adicionales” que garanticen en última instancia el respeto de los Derechos Humanos y el medio ambiente.
Ante un proyecto elevado a la categoría de Seguridad Nacional, el nuevo estatus permite derogar ciertas salvaguardas, pero para expertos no puede hacer que México eluda su “obligación” de respetar, proteger y cumplir con los Derechos Humanos de las personas afectadas por este megaproyecto, además de proteger el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales.
Entre las peticiones planteadas por estos relatores figura la necesidad de que las comunidades afectadas participen de forma significativa, así como que toda evaluación sobre los posibles efectos del Tren Maya se elabore y se publique de manera clara.
“Debe respetarse el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y deben evaluarse de forma transparente los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales”, han subrayado los firmantes.
Asimismo, el mensaje de los relatores se extiende a la participación de las empresas, a las que instan a tener en cuenta todas las derivadas de un proyecto que acarrea costes de unos 20.000 millones de dólares.
