Este pasado 3 de enero, Iván Lima, Ministro de Justicia, manifestó que las manifestaciones en Santa Cruz por la liberación de Luis Fernando Camacho, Gobernador de Santa Cruz, puede ser usado como un riesgo procesal, lo que perjudicaría su situación jurídica.
“Vamos al debate, vamos a la discusión ante el Tribunal de Justicia, no en las calles, en la calles contrariamente ayudarle le van a perjudicar, porque uno de los riesgos procesales -hay que destacarlo- es justamente esta situación de conflicto en Santa Cruz”, declaró la autoridad.
En Santa Cruz las protestas empezaron el mismo día que fue aprehendido, es decir, el 29 de diciembre en la noche se concentraron y protestaron contra la Policía, la Fiscalía fue quemada en medio de los pedidos de liberación de su gobernador.
Asimismo, los próximos días y durante seis días las movilizaciones no han cesado, la Policía ha reprimido a los manifestantes prácticamente todas las noches, evitando las concentraciones en el Cristo Redentor.
Camacho es acusado por el delito de terrorismo en el denominado caso golpe de Estado I, junto a otras ex autoridades entre ellas la expresidenta Jeanine Añez y exministros. El gobernador y exlíder cívico lideró las manifestaciones en 2019 hasta la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
Por otra parte, Lima informó que las tres instituciones estatales, la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno, presentaron un recurso de apelación para que la autoridad jurisdiccional amplíe a seis meses la detención preventiva de Camacho.
De acuerdo a la autoridad ministerial, en los próximos días que se resolverá las apelaciones, una vez que sea sorteado y una de las salas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz da curso o no a las peticiones.
Por otra parte, en relación a los parlamentarios de España y Chile, aclaró que están incurriendo en una “grave” intromisión, por lo que la Cancillería hará la representación diplomática ante los gobiernos de sus países.
