Este 3 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó en su último informe sobre la crisis política en Perú, que se cometieron “graves violaciones” de los derechos humanos durante las protestas contra Dina Boluarte, Presidenta del Perú.
Asimismo, el informe analizó los episodios de violencia y represión policial que se cometieron durante las protestas que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre -el mismo día en el que el ex Presidente Pedro Castillo fue destituido y apresado- y el 23 de enero, especialmente en las ciudades de Ayacucho y Puno.
En el caso de Ayacucho, la CIDH sostiene que estas “graves violaciones” contra los derechos humanos deben ser investigadas bajo un “enfoque étnico-racial” y que al ser cometidas por agentes del Estado, las muertes que se produjeron podrían ser calificadas de “ejecuciones extrajudiciales”.
Sin embargo, la CIDH, señaló que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme y que se registraron varios episodios en los que se ejerció un uso excesivo de la fuerzas.
De esta manera, la Comisión recomendó a una solución dialogada para salir de esta nueva crisis política en Perú y al Gobierno que pongan en marcha los mecanismos necesarios para investigar estos hechos y resarza de manera completa a las víctimas.
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