Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) explicó que las modificaciones incluidas en el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 buscan garantizar una distribución más equitativa y eficiente de los recursos públicos destinados a la Renta Dignidad.
Según Franz Apaza, Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, estas medidas permitirán mantener el enfoque original de esta política social: contribuir a la reducción de la pobreza en la vejez.
Entre las principales reformas, se excluye temporalmente a los adultos mayores activos en el sector privado, quienes podrán volver a recibir el beneficio al cesar su actividad laboral. También quedarán fuera empresarios y militares jubilados que perciben el 100% de su sueldo gracias a beneficios complementarios. Estas medidas impactarán aproximadamente al 1% de los 1,2 millones de beneficiarios actuales, redistribuyendo los recursos hacia los 40.000 nuevos beneficiarios proyectados para la siguiente gestión.
“El objetivo es que este bono llegue a quienes realmente lo necesitan. Los recursos del Tesoro General de la Nación deben priorizar a los sectores más vulnerables, como los adultos mayores del sector informal”, destacó Apaza. Actualmente, el 80% de los beneficiarios pertenece al grupo que no contribuyó al sistema de pensiones.