Jorge Silva, Viceministro de Defensa al Consumidor, afirmó que la derogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza decomisos, es responsabilidad exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Sin embargo, Carlos Alarcón, Diputado de Comunidad Ciudadana (CC), insistió en que el Gobierno debe instruir a sus legisladores priorizar el tratamiento del proyecto de Ley que busca anular esta disposición, que afecta a empresarios.
Alarcón cuestionó que los parlamentarios oficialistas hayan evitado el debate del PGE y sostuvo que el Ejecutivo tiene la capacidad de agilizar el trámite legislativo para resolver el problema en un plazo máximo de dos semanas. Mientras tanto, presentó un proyecto de Ley con un artículo único que plantea la derogación inmediata de la disposición en cuestión, cuyo tratamiento iniciará la próxima semana.
El Legislador denunció que la disposición séptima entró en vigor de manera irregular, sin debate en la ALP, lo que afecta su validez constitucional. Por su parte, Silva aseguró que atender la demanda de derogación excede las facultades del Ejecutivo y depende completamente del Legislativo.
