Central de Trabajadores de Bolivia y gremiales del país otorgaron un ultimátum de 72 horas al Gobierno para derogar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza la confiscación de mercaderías.
El plazo vence este lunes (20/Ene), advirtió el dirigente gremial de El Alto, Toño Siñani, quien anticipó que las movilizaciones se intensificarán a nivel nacional si no se atiende la demanda.
En una reunión sostenida con ministros de Justicia, Desarrollo Rural y Desarrollo Productivo, los sectores productivos expresaron su rechazo a la medida, calificándola como perjudicial para su actividad económica.
Mientras tanto, gremiales de El Alto Sur declararon estado de emergencia, y la Central de Trabajadores anunció movilizaciones desde el lunes si no se encuentra una solución en el diálogo previsto para el 23 de enero.
