 y en coordinación con otros actores aglutinados en el Comité Multisectorial a nivel nacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió este lunes una acción de inconstitucionalidad contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado 2025, considerada confiscatoria por varios sectores de Bolivia.){kind=link}
La disposición adicional séptima genera un clima de alta inseguridad jurídica para la inversión privada.
Como resultado de las intensas gestiones realizadas por la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y en coordinación con otros actores aglutinados en el Comité Multisectorial a nivel nacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió este lunes una acción de inconstitucionalidad contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado 2025, considerada confiscatoria por varios sectores de Bolivia.
Pablo Camacho, Presidente de los industriales señaló que la CNI fue la primera entidad gremial en rechazar y solicitar la anulación de la disposición adicional séptima por considerarla confiscatoria y transgredir el derecho a la propiedad privada consagrada en la Constitución Política del Estado.
La decisión del TCP deja en suspenso la aplicación de la ley hasta que se pronuncie con una sentencia y también prohíbe el tratamiento de cualquier otra normativa vinculada a la citada norma hasta que el Tribunal dicte la respectiva sentencia constitucional plurinacional.
Camacho finalizó indicando que la CNI a través del Comité Multisectorial continuará en permanente vigilia y se seguirá adoptando acciones y pronunciamientos para que esta disposición confiscatoria sea totalmente anulada.