El juez dictó medidas cautelares, pero la Fiscalía junto a otras entidades apelan para asegurar el proceso.
Ministerio Público, junto con el Viceministerio de Transparencia, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, apeló la decisión judicial que otorgó detención domiciliaria al exministro Alan Lisperguer, investigado por presuntos hechos de corrupción.
El fiscal Miguel Cardozo informó que, aunque el juez reconoció riesgos procesales como fuga y obstaculización, determinó medidas menos restrictivas como detención domiciliaria, arraigo, fianza y prohibiciones de acercamiento, además de permitir salidas laborales. La Fiscalía había solicitado detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro.
Lisperguer está imputado por enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración de bienes, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales. La investigación se basa en documentación que indica un posible daño económico al Estado durante su gestión. La apelación está en trámite mientras avanza la etapa preparatoria del proceso.