Con cerca de 33.200 internos y capacidad para 15.600, el decreto busca reducir en un 113% el exceso de población carcelaria.
El Decreto Presidencial 5460 beneficiará a unas 5.000 personas privadas de libertad, el 15% de la población carcelaria del país, con el objetivo de reducir el grave hacinamiento en las prisiones, que actualmente supera el 110%. La medida fue aprobada el 22 de septiembre, ratificada por la Asamblea Legislativa el 16 de octubre y publicada en la Gaceta Oficial el 22 de octubre.
El indulto aplica a quienes tengan penas hasta diez años, así como a ciertos casos con sentencias mayores que hayan cumplido parte de su condena. La medida no exige completar la totalidad de la pena en algunos casos, lo que permitirá la liberación de beneficiarios seleccionados según criterios legales claros.
Quedan excluidos los condenados por delitos graves, reincidentes o quienes hayan recibido indulto en los últimos cinco años, incluyendo casos de genocidio, feminicidio, corrupción, tráfico de drogas, homicidios graves y delitos sexuales, garantizando que la medida se aplique de manera responsable y focalizada.