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La medida busca optimizar recursos del Estado y aprovechar las habilidades laborales de los privados de libertad.
La Defensoría del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), presentó al nuevo Gobierno un plan para enfrentar el hacinamiento en las cárceles de Bolivia, que en algunos recintos supera cinco veces su capacidad. La propuesta incluye la construcción y ampliación de infraestructura penitenciaria aprovechando la mano de obra calificada de los propios privados de libertad, como albañiles, plomeros, electricistas e ingenieros.
Juan Ledezma, jefe del MNPT, señaló que esta medida permitiría reducir costos significativamente, estimando que la inversión pasaría de 10 millones de dólares por centro penitenciario a apenas 1 millón, al destinar los recursos principalmente a materiales y supervisión técnica. Además, destacó la necesidad de implementar políticas de redistribución y separación dentro de los penales para disminuir conflictos y violencia.
El plan busca mejorar las condiciones de vida de los internos, fomentar la reinserción social y garantizar el respeto a los derechos humanos, mientras se fortalece la seguridad en el sistema penitenciario nacional.