La medida es analizada tras el asesinato del juez Wilber Cruz Araníbar en Cochabamba; el ministro Oviedo advierte sobre la complejidad de cubrir a todos los magistrados.
Tras el asesinato del juez Wilber Cruz Araníbar en Villa Tunari, Cochabamba, el Ministerio de Gobierno analiza la posibilidad de otorgar seguridad policial a jueces que tramitan casos de narcotráfico y contrabando. El juez, de 38 años, fue atacado el 7 de noviembre por dos hombres a bordo de una motocicleta, mientras se encontraba con su hijo, quien presenció el hecho.
La Asociación de Magistrados de Chuquisaca solicitó al Tribunal Supremo de Justicia y al Gobierno extremar medidas para garantizar una justicia independiente e imparcial. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reconoció la dificultad de proteger a todos los jueces, pero aseguró que se priorizará la seguridad de quienes manejan casos vinculados al narcotráfico y contrabando.
Oviedo afirmó que estos hechos reflejan la pérdida de control del Estado en ciertos sectores y adelantó que su gestión implementará un nuevo modelo de seguridad, con apoyo de la DEA, unidades policiales de la Unión Europea y convenios con países vecinos, para combatir ilícitos como narcotráfico, contrabando y trata de personas.
