Autoridades enfatizan que la justicia debe actuar sobre quienes promovieron persecución política, más allá de género o etnia.
Este viernes 5 de diciembre, Lidia Patty, exdiputada del MAS, fue aprehendida y enfrenta detención preventiva de cuatro meses en la cárcel de mujeres de Obrajes, tras ser imputada por manejo irregular de Bs 700 mil del extinto Fondo Indígena destinados a proyectos de tomate e invernaderos en ocho comunidades.
Según la Fiscalía, se desembolsó el 80% de los fondos cuando las obras tenían solo un 50% de avance, y Patty no pudo justificar al menos Bs 500 mil en su declaración informativa. Legisladores oficialistas y de oposición coincidieron en que quienes cometan delitos deben responder ante la justicia sin que su género o etnia sirvan para victimización.
Alejandro Reyes afirmó que Patty utilizó su condición de mujer e indígena para “perseguir opositores”, mientras Claudia Bilbao hizo un llamado a la imparcialidad judicial y rechazó que el caso se convierta en un “show mediático”.
El caso resalta la importancia de que las investigaciones lleguen hasta los máximos responsables. Legisladores recordaron denuncias previas, como las vinculadas al fallecido Marco Antonio Aramayo, y señalaron que todos los involucrados en irregularidades deben ser investigados sin distinción de género, clase social o posición política.
