La investigación sostiene que estas entidades sirvieron para drenar reservas y facilitar el enriquecimiento ilícito.
Este lunes 15 de diciembre, José Luis Lupo, Ministro de la Presidencia, presentó el informe “Saqueo Institucional”, que confirma que las empresas públicas deficitarias de las últimas dos décadas fueron diseñadas para permitir el desvío de recursos, y no por incompetencia técnica.
Según la auditoría forense de la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas, estas entidades funcionaron como “cajas negras” para financiar redes políticas y proyectos ficticios bajo la apariencia de “industrialización” y “soberanía productiva”.
Desde 2006, se destinaron $us 7.750 millones de las reservas del Estado a estas empresas, de los cuales solo se recuperó el 18%. De 174 plantas industriales analizadas, solo 19 operan actualmente; el resto son obras paralizadas o proyectos sin mercado. El impacto económico directo del saqueo asciende a $us 2.595 millones, sin contar fuga de capitales ni costos de oportunidad, evidenciando la gravedad de la crisis financiera generada por la mala gestión y la corrupción.
El informe advierte un riesgo financiero inmediato: las empresas estatales “zombies” deben cubrir vencimientos por Bs. 1.550 millones ($us 222 millones) en 90 días. Ante esta situación, el Gobierno del Presidente Rodrigo Paz Pereira inició un plan de reestructuración fiscal y auditorías de responsabilidad para cerrar el ciclo de desorden, recuperar la transparencia y proteger los recursos del Estado.