Decretos vigentes no se aplican y cientos de internos continúan esperando su liberación.
La Defensoría del Pueblo emitió la Resolución N.º DP/SSP/RD/2025/13, en la que concluye que el Estado boliviano no implementó de manera eficaz el indulto del Decreto Presidencial N.º 5460, dejando intacto el grave problema de hacinamiento en las cárceles.
La investigación reveló que, tras casi dos meses de vigencia del decreto, ninguna de las alrededor de 3.700 solicitudes pendientes fue atendida por el Tribunal Supremo de Justicia y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública.
El informe señala que el sistema penitenciario alberga a más de 33.000 personas, pese a contar con capacidad para 15.598, situación que agrava riesgos de salud y vulnera derechos humanos. La Defensoría advierte que el hacinamiento y las condiciones precarias podrían constituir trato cruel, inhumano o degradante, según estándares internacionales como las Reglas Nelson Mandela y pronunciamientos de la CIDH y otros organismos.
La Resolución incluye recomendaciones urgentes para agilizar los trámites de indulto, imponer sanciones disciplinarias, articular estrategias entre el Órgano Ejecutivo y judicial, y garantizar celeridad y accesibilidad de futuros indultos. Además, se informó que la Defensoría remitirá el documento a instancias internacionales de derechos humanos para su seguimiento y control.