La Alcaldía paceña señala que pese a contar con normativa vigente, las denuncias por destrozos en monumentos no prosperan.
La Alcaldía de La Paz ratificó su defensa del ornato público y denunció la falta de respaldo judicial para sancionar a quienes dañan monumentos y espacios urbanos durante marchas de protesta. Asimismo, Iván Arias, Alcalde de La Paz recordó que existe una norma municipal vigente que obliga a preservar el patrimonio de la ciudad en cualquier movilización.
Arias lamentó que, pese a las denuncias presentadas, los jueces no acompañen las acciones municipales y, por el contrario, justifiquen los destrozos como actos reivindicativos. El burgomaestre señaló que esta situación derivó incluso en el cierre de monumentos emblemáticos, como el de Cristóbal Colón, y evidenció una contradicción entre la normativa y su aplicación.
Asimismo, el alcalde informó que la Alcaldía ha cuantificado los costos económicos de los daños, que oscilan entre 150 mil y 300 mil bolivianos, sin que ninguna instancia obligue a los responsables a resarcirlos. Arias advirtió que, mientras no exista voluntad judicial para hacer cumplir la ley, cualquier nueva norma será ineficaz.
