La norma permitirá pasar «de la defensiva a la ofensiva» y protegerá a empresas afectadas por extorsiones y sicariato.
El Gobierno de Transición de Perú, presidido por José Jerí, aprobó este domingo el reglamento de la nueva ley contra los delitos de extorsión y sicariato, con el objetivo de pasar «de la defensiva a la ofensiva contra la delincuencia y el crimen organizado». La norma, oficializada mediante decreto supremo, establece medidas integrales de prevención, respuesta policial, protección a víctimas y recuperación económica.
La ley refuerza la protección de empresas de transporte público y de mercancías, sectores golpeados por organizaciones criminales, e incluye el control de flujos financieros vinculados a extorsiones, elaboración de mapas delictivos, despliegue de patrullas y centros de comando especializados, así como la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para garantizar la seguridad de conductores, trabajadores y usuarios.
Además, la norma crea un fondo para la recuperación económica de empresas afectadas, atención psicológica a víctimas y programas de reinserción laboral. El reglamento llega tras paralizaciones del sector transporte en Lima y Callao, que denunciaron pagos de cupos obligatorios y ataques armados, que entre septiembre de 2024 y enero de 2026 han dejado 76 trabajadores muertos.