Un grupo de diplomáticos de carrera ha presentado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, por presuntas violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta acción legal fue interpuesta el lunes 3 de julio, dos años después de que los diplomáticos fueran despedidos de la Cancillería.
Javier Vizcarra, representante de los afectados, expresó que esta demanda busca hacer valer sus derechos y evidenciar cómo se vulneró la carrera diplomática en Bolivia, lo que dejó al país en una situación de indefensión en sus relaciones internacionales. Según Vizcarra, este tema va más allá de lo laboral, ya que también impacta en las relaciones exteriores de Bolivia.
La demanda no solo involucra a Rogelio Mayta, Ministro de Relaciones Exteriores, sino también a Fernando Magnani, Director Administrativo de la Cancillería, y a los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), René Espada y Gonzalo Hurtado. Los diplomáticos acudieron a instancias internacionales debido a la falta de respuesta y el agotamiento de los recursos nacionales. Aseguran que los despidos fueron ilegales y critican el argumento de un supuesto déficit en la carrera diplomática como justificación para su separación.
A raíz de los despidos, más de 100 diplomáticos han enfrentado dificultades para conseguir empleo en otras instituciones públicas u organismos especializados, al parecer, debido a que habrían sido incluidos en supuestas listas negras. Aunque la suma solicitada en la demanda es significativa (siete millones de dólares), se argumenta que el Estado tiene la capacidad para resarcirlos mediante un Proceso de Repetición, donde dicha cantidad sería cobrada a los acusados, incluido Mayta.
La situación sigue generando debate y preocupación en el ámbito diplomático y en el sistema de relaciones exteriores del país.