){kind=link}
16 años se cumplen desde aquel “Noviembre Negro” por la represión policial que dejó tres muertos y cientos de heridos durante las movilizaciones sociales por la capitalidad plena en 2007 en Sucre.
Ante la inacción de la Justicia boliviana, la expectativa está puesta sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recibió el caso en 2015, lo declaró admisible en 2021 y este fin de año (2023) o a comienzos del próximo (2024), podría decidir sobre el fondo de este asunto.
Hubo un intento de un juicio ordinario, pero tampoco prosperó. Los denunciantes esperan que el informe final y las recomendaciones de la CIDH concluyan, principalmente, en una obligación del Estado de reactivar el juicio de responsabilidades.