Arturo Murillo, ex Ministro de Gobierno de la gestión de Jeanine Áñez, fue detenido junto a cuatro de sus allegados en Estados Unidos por lavado de dinero y sobornos en el caso gases lacrimógenos, informó su sucesor Eduardo del Castillo en conferencia de prensa.
“Mediante un comunicado oficial del Departamento de Justicia acaban de informar que el señor Arturo Murillo ha sido detenido e imputado en los Estados Unidos”, dio a conocer del Castillo.
Según documentos judiciales, los que participaron en un clan mafioso que operó entre noviembre de 2019 y abril de 2020 fueron Arturo Murillo, ex Titular de Gobierno; Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, ex Jefe de Gabinete de Murillo; Philip Lichtenfeld, empresario cochabambino nacionalizado estadounidense; y finalmente Luis Berkman y Bryan Berkman.
“Como se describe con mayor detalle a continuación, Bryan Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld pagaron sobornos por un total de al menos 582 mil dólares a Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal, funcionario del Ministerio de Gobierno de Bolivia, y al menos 20 mil dólares para el co-Conspirador 2, un funcionario del Ministerio de Defensa de Bolivia, a cambio por utilizar sus cargos oficiales, para ayudar a una empresa intermediaria (Bravo Tactical Solutions LLC.), Bryan Berkman, Luis Berkman, Philip Lichtenfeld y otros para obtener y retener el negocio para la empresa intermediaria” indica el informe del FBI al que tuvo acceso Página Siete.
De acuerdo al comunicado de fecha 26 de mayo de 2021 del Departamento de Justicia de #EEUU, han sido arrestados e imputados bajo cargos criminales relacionados dos ciudadanos bolivianos y tres ciudadanos norteamericanos, entre ellos Arturo Murillo. pic.twitter.com/CxnZaH52zl
— Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) May 26, 2021
Los cinco imputados enfrentan cargos por conspiración y lavado de dinero. Se conoce que un juez de un Tribunal de Distrito Federal emitirá la sentencia de acuerdo con los procedimientos judiciales de Estados Unidos. En caso de ser declarados culpables, la condena sería de hasta 20 años de presidio.