Cerca de 10 años desde el 2013 al 31 de mayo de esta gestión, la Defensoría del Pueblo registró un total de 1.033 denuncias por tortura y malos tratos, que contemplan una mayor afectación a la integridad física y psicológica, y muestran que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas son las instituciones más denunciadas.
Nadia Cruz, Defensora del Pueblo, precisó que las denuncias sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desde noviembre de 2021 son atendidos por la institución defensorial en su calidad de Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP).
Cruz, indicó que en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado boliviano designó a la Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a través de la Ley 1397 de 29 de septiembre de 2021, con el objetivo principal de prevenir hechos de tortura y malos tratos.
“Desde que asumió su competencia, el MNP ha realizado acciones para cumplir con su mandato, ha realizado 114 visitas a centros de privación de libertad, celdas policiales y cuarteles para examinar las condiciones y el trato que reciben las personas privadas de libertad y las que están cumpliendo su servicio militar e identificar posibles casos de tortura o malos tratos”, manifestó la Defensora.
De acuerdo a un análisis a las denuncias registradas, realizado por el MNP, se identificó que desde 2019 al primer trimestre de 2022, el 55% de las denuncias por tortura y malos tratos se originan en hechos ocurridos en celdas policiales o a momento del arresto o la aprehensión.
Otro 21%, por hechos suscitados en centros penitenciarios, un 14% corresponde a actos de tortura y malos tratos en cuarteles, y un 10% por otro tipo de situaciones como, por ejemplo, malos tratos provocados por guardias municipales o en hospitales.
Recordemos que este pasado 26 de junio, se conmemoró el Día Internacional de las Naciones en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.