Desde que inició la pandemia, se ha presentado la dificultad de asistir a centros de salud para mujeres y niñas. Esto, ha causado, en el sector, la imposibilidad de acceder a métodos anticonceptivos. En los peores casos, niñas y adolescentes quedaron embarazadas a causa de violencia sexual, por parte de familiares o personas cercanas a la víctima.

De igual manera, se limitó el acceso a la interrupción legal del embarazo, que se permite en casos de violencia sexual, además de la asesoría legal y psicológica que requieren las víctimas. El seguimiento del embarazo debe ser constante, con los controles prenatales que implica el monitoreo de la salud tanto del neonato como de la madre.

Por ello, algunos hospitales han desarrollado la modalidad de tele consulta, abriendo un medio de comunicación entre las mujeres gestantes y sus médicos. Esta modalidad ha sido promovida por organizaciones como UNICEF, que, en diciembre del 2020, entregó teléfonos celulares a establecimientos de salud en La Paz y El Alto.

Sin embargo, a la fecha, Bolivia ocupa el quinto lugar entre los países latinoamericanos con más muertes de mujeres embarazadas desde el inicio de la pandemia. En territorio boliviano se ha perdido a 54 embarazadas desde el brote del SARS-CoV-2, según la Organización Panamericana de Salud (OPS).

Existen distintos factores que tomar en cuenta para comprender la cifra dada. Uno de los más importantes, podría ser el aumento significativo de los partos fuera de establecimientos de salud, sea por miedo al contagio o por el colapso de los mismos.