Este pasado 29 de julio, el organismo presentó el escrito de acusación, que atribuye a la artista de 45 años, tras haber defraudado 14,5 millones de euros en impuestos en los años 2012, 2013 y 2014.
Shakira, rechazó este miércoles llegar a un acuerdo para rebajar las penas y eludir un juicio, aseguró ser víctima de una “persecución” y manifestó su intención de llegar hasta el final del proceso.
Un tribunal de Barcelona decidirá ahora si abre juicio oral a la cantante, que hasta el último momento tiene abierta la posibilidad de alcanzar un pacto con la fiscalía.
Según informes, la cantante colombiana ya devolvió los 14,5 millones de euros que le exigía el fisco español y otros 2,7 millones en intereses (US$2,75 millones) en 2018, con un desembolso total de 17,2 millones de euros (US$17,5 millones).
Aunque aquel pago saldó la deuda, la fiscalía le exige ahora 23,8 millones de euros (US$24,3 millones), además de ocho meses y dos años de cárcel, como sanción por sus supuestas maniobras de evasión fiscal.
Shakira, cuya fortuna se calcula en más de $us 300 millones, declaró España como su lugar de residencia a efectos fiscales en 2015, pero no antes.
Según la acusación, la cantante solo abandonó España entre 2012 y 2014 por “motivos profesionales, con una duración muy corta” y, por tanto, estaba obligada a tributar en el país “por la totalidad de su renta mundial”.
Cuando rechazó el miércoles llegar a un acuerdo con la fiscalía de Barcelona, Shakira declaró en un comunicado que las acusaciones en su contra son “un total atropello a sus derechos” e insistió en que la acusación “se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en giras internacionales y en ‘The Voice'” pese a que en ese tiempo “aún no era residente en España”.